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Todos para uno
Citizen K
El caso de la violación a dos niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus dos hermanos de 6 y 9, el año pasado en Tame (Arauca), tiene como principal implicado al subintendente del ejercito Raúl Muñoz, quien se encuentra detenido desde noviembre.
Los hechos, que de entrada son repudiables, generan mayor malestar cuando se conocen las circunstancias en que se ha venido desarrollando el proceso, pues son muchas las “tretas jurídicas”, como afirma el periodista Daniel Samper, las que ha implementado la defensa del subintendente con el fin de lograr su libertad.
En primer lugar, la defensa de Muñoz está a cargo de la Defensoría Militar Integral (Demil), una entidad que a parte de contar con la presencia de altos mandos oficiales en su junta directiva, figura como entidad de carácter privado pero funciona en instalaciones públicas.
Además, y esto genera mayor desconcierto, parte de sus recursos provienen del salario de los militares afiliados.
Pese a que en las condiciones que pone la entidad para prestar sus servicios, se excluyen los delitos sexuales, la representación judicial del subintendente ha estado a cargo de los abogados de Demil, quienes han estado dilatando el proceso jurídico buscando que el presunto asesino salga a la calle por vencimiento de términos.
Desde su captura, Muñoz ha tenido cuatro defensores. Cada vez que un nuevo abogado se hace cargo del caso, el proceso se estanca por la supuesta necesidad de conocer los detalles.
Por si fuera poco, el pasado 22 de marzo, la jueza que llevaba el caso y tomaría las decisiones acerca de la responsabilidad de Muñoz en el homicidio de los dos menores, fue asesinada. Gloria Constanza Gómez había denunciado las estrategias dilatorias de los abogados en el proceso.
Al caso, se suman más irregularidades, como las denuncias que hizo la comunidad de Tame sobre la presencia de personal civil, que sin ningún tipo de autorización los estuvo filmando y al parecer tenían relación con la Brigada Móvil Nº5, la misma brigada a la que pertenecía Muñoz.
Asimismo, más denuncias por parte de la comunidad se conocieron posteriormente, esta vez, acerca de posibles interrogatorios ilegales que se hicieron a nombre de la defensoría del pueblo. También se conoce que el padre de los niños asesinados e integrantes de Humanidad Vigente, la ONG que está representando a las víctimas, han recibido amenazas.
Anteriormente, se le había pedido a la Fiscalía trasladar el proceso judicial a Bogotá por “falta de garantías y por repetidas denuncias de la comunidad de intimidaciones y amenazas”, dijo Olga Silva, representante de las víctimas, pero la solicitud fue denegada. Sin embargo, el Gobierno, en cabeza del ministro del interior, Germán Vargas Lleras, está consultando la posibilidad de trasladar el proceso a Bogotá por los problemas de seguridad que se han presentado alrededor del trágico caso.
